Archivos Históricos Provinciales

El nacimiento de los Archivos Históricos Provinciales se remonta a una Orden conjunta de los Ministerios de Justicia e Instrucción Pública de 12 de noviembre de 1931 y es fruto de la política cultural de la Segunda República.

Esta Orden dispone la creación de estos Archivos en todas las capitales de provincia del país con objeto de concentrar "la documentación histórica que se encuentra dispersa por España en multitud de archivos y dependencias de diversas entidades, en riesgo de perecer", en primera instancia los protocolos notariales de más de cien años de antigüedad. La medida tuvo un eco desigual. De hecho, al comienzo de la Guerra Civil, solamente se habían puesto en funcionamiento de forma efectiva quince de estos centros, entre ellos el de Huesca, uno de los más tempranos, que inició su andadura en 1931.

Tras la contienda, las estrecheces de la economía nacional y las necesidades de la reconstrucción demoraron la puesta en marcha de muchos de los centros restantes, a veces durante decenios. Así el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza no tuvo existencia oficial hasta el año 1948 y el de Teruel hasta 1958.

Con todo, los Archivos Históricos Provinciales se fueron definiendo como una pieza clave en la preservación del Patrimonio Documental, asumiendo cada vez más cometidos. Mediante Decreto de 24 de julio de 1947 se estatuyó que recibieran la documentación histórica de Audiencias, Juzgados y Delegaciones de Hacienda, en 1957 una Orden del Ministerio de Justicia les encomendaba la recolecta de la documentación de las Contadurías de Hipotecas mientras que el decreto 914/1969, de 8 de mayo, les confiaba la custodia de toda la documentación de los servicios periféricos del Estado de más de quince años de antigüedad.

Tras el advenimiento del régimen democrático, la profunda remodelación administrativa que supuso el despegue de la España de las Autonomías motivó que la gestión de la práctica totalidad de los Archivos Históricos Provinciales del país fuera transferidas a las diferentes Comunidades Autónomas, si bien manteniendo la titularidad estatal; en el caso aragonés mediante Convenio firmado con el Ministerio de Cultura el 2 de junio de 1986 (BOE de 20 de agosto de 1986). En la actualidad los Archivos Históricos Provinciales Aragoneses, reciben, mediante transferencia, documentación notarial y de la administración estatal y, mediante depósito, documentación autonómica.

La prestación de los servicios de los archivos históricos dependientes del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte están regulados por una serie de procedimientos y, del mismo modo, la consulta en sala a través de unas instrucciones.